A- de 2024

Conflicto de competencia suscitado entre la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado 2° Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Valledupar.

Encontró la Corte que en este caso sólo se presentó un conflicto aparente en la medida en que la primera autoridad aplicó las reglas de reparto previstas en el Decreto 333 de 2021, para abstenerse de avocar el trámite de la acción de tutela y, por esa vía, remitir las diligencias a la oficina de reparto de los juzgados del circuito.

Lo anterior, pese a que la Corte Constitucional ha reiterado que dichas reglas no pueden ser usadas por el juez de tutela para rechazar la competencia en el trámite de un asunto.

Se dirime la controversia con la remisión del expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.

Al otro operador jurídico involucrado se le advirtió que, cuando considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, deberá tener en cuenta que éste tiene que ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual está en la obligación de observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el auto 550/18.